La persecución judicial contra Álvaro Uribe no es un hecho aislado, es el capítulo más oscuro de la guerra jurídica que la izquierda ha desatado contra el legado de seguridad, orden y prosperidad que devolvió a Colombia. Como si fuera poco, no solo hay que lidiar con Gustavo Petro, sino que también debemos lidiar contra el sistema jurídico que utiliza sus tentáculos de lawfare contra nosotros.

¿Cuál fue el verdadero “crimen” de Álvaro Uribe?

Ya se los adelanto, derrotar a las FARC, arrinconar al socialismo del siglo XXI, y levantar la voz contra los pactos con el terrorismo. Ese fue su pecado para el progresismo latinoamericano. Álvaro Uribe no compró el relato del perdón sin justicia, ni permitió que los criminales se sentaran a negociar con impunidad mientras las víctimas lloraban a sus muertos.

Durante su gobierno (2002–2010), Uribe logró lo que ningún otro presidente se atrevió: recuperar el control del territorio, reducir los homicidios, revivir la inversión extranjera y restablecer el principio de autoridad. La izquierda no le perdona que haya desmontado el poder territorial de las FARC y que haya enfrentado al chavismo con claridad moral.

¿De qué se le acusa exactamente?

Según el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Uribe habría incurrido en supuesta manipulación de testigos, tras la publicación de grabaciones y testimonios relacionados con el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, el juez mismo reconoció que no existe prueba directa de que Uribe haya ordenado sobornos o presionados testigos.

Lo que hay es un gigantesco aparato de inferencias, suposiciones y sesgos ideológicos disfrazados de jurisprudencia. Ni pruebas contundentes, ni órdenes explícitas, ni rastros de dinero, ni tramas comprobadas: sólo una construcción narrativa con fines políticos.

¿Qué hay detrás de esta condena?

Lo que está en juego no es un simple proceso judicial, sino una operación política de largo aliento cuyo objetivo es borrar del mapa al uribismo, no por delitos comprobados, sino por razones ideológicas. La izquierda colombiana, que se presenta como progresista y reformadora, ha construido su poder sobre pactos cuestionables con actores armados, concesiones políticas encubiertas y una narrativa de reconciliación que ha vaciado de contenido a la justicia.

Esta misma izquierda, que pactó con las FARC sin exigir verdad ni reparación, que mutiló la Constitución con el Acuerdo de La Habana y que ha permitido la expansión impune del crimen organizado, hoy celebra la caída de Álvaro Uribe como un trofeo de guerra, no como un acto de justicia. Es el clímax de una campaña sistemática de desprestigio a un liderazgo que —con aciertos y errores— ha encarnado la defensa del orden y la autoridad del Estado.

No se trata de un fenómeno aislado ni de una peculiaridad colombiana. La condena contra Uribe forma parte del libreto regional del llamado “lawfare”, una estrategia de guerra jurídica aplicada con precisión contra figuras de derecha que se atreven a interrumpir la marcha del socialismo continental. Ya lo vimos en Brasil con Jair Bolsonaro, en Argentina con Mauricio Macri, y en Ecuador con Guillermo Lasso.

En todos estos casos, el patrón se repite: campañas mediáticas, procesos judiciales dilatados, fiscales militantes y fallos que buscan inhabilitar políticamente, no hacer justicia. Lo que se persigue no es el delito, sino la doctrina. No se busca reparación, sino rendición. Al convertir los tribunales en trincheras ideológicas, se reemplaza el estado de derecho por una forma sutil —pero devastadora— de persecución política que debilita las democracias bajo la máscara de legalidad.

Conclusión: Colombia debe elegir entre el legado de Uribe o el caos del progresismo

Mientras la izquierda celebra la condena de Uribe, Colombia se desangra bajo el desgobierno de Petro. La economía se desploma, el crimen se multiplica, las inversiones se fugan y la politiquería reemplaza la institucionalidad. La diferencia entre el país de Uribe y el país de Petro no puede ser más clara. El fallo contra Uribe no borra su legado: lo resalta. Porque si aún hoy es necesario perseguirlo es porque su figura sigue siendo un bastión moral frente al avance del socialismo narco-terrorista en Colombia.

En vez de caer en la trampa del progresismo, el pueblo colombiano debe ver este juicio como lo que es: un intento por destruir la resistencia. Y recordar que Uribe no cayó por robar, ni por pactar con el crimen, ni por saquear al Estado. Cayó por haber defendido a su país con coraje, como hacen los verdaderos estadistas. Hoy, defender a Uribe es defender a Colombia. Y más temprano que tarde, la historia le dará la razón.