Contexto y arranque del juicio

El juicio oral contra Pedro Castillo empezó en Lima el 4 de marzo de 2025, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, casi treinta meses después de su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Castillo está acusado de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, cargos derivados de su mensaje televisado anunciando un “gobierno de excepción”.

En ese primer día de audiencia, el expresidente, sin abogado defensor, se declaró inocente, se autoproclamó “presidente constitucional secuestrado”, y denunció que el juicio es una “pantomima”… parámetros que, desde la derecha, solo revelan su negación ante la legalidad restauradora.

Desarrollo del proceso y argumentos de la Fiscalía

Desde el inicio, la Fiscalía ha acumulado una sólida base probatoria: testimonios, documentos y referencias técnicas que sugieren una acción coordinada para desencadenar un golpe de Estado constitucionalmente inadmisible. Se ha solicitado una pena máxima de 34 años de prisión efectiva para Castillo, una reparación civil por más de S/ 65 millones ($17,5 millones) y penas significativas para sus colaboradores, incluyendo Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y otros.

El Ministerio Público sostiene que esos hechos no son meras declaraciones políticas: fueron actos deliberados contra la democracia y el orden republicano. Desde la perspectiva conservadora, no puede haber impunidad para quien atentó contra la institucionalidad.

Estrategias defensivas del acusado y dilaciones procesales

Durante el juicio, Castillo ha intentado apartar a la jueza suprema Norma Carbajal, alegando supuesta falta de imparcialidad. Sin embargo, su demanda fue rechazada, y Carbajal permanece al frente del proceso. También ha rechazado tener defensa y califica el juicio como injusto y hostil.

En paralelo, ha iniciado una huelga de hambre, denunciando que el proceso está politizado, lo que lo llevó a ser trasladado temporalmente a un hospital por deshidratación. Pese a estas tácticas dilatorias, el juicio ha continuado avanzando con audiencias programadas a lo largo de marzo, mayo, junio y julio.

La prisión preventiva y avance del fallo judicial

La prisión preventiva de Castillo, que se extiende desde diciembre de 2022, ha sido ratificada una y otra vez por el sistema judicial, incluso por la Corte Suprema. Pese a sus apelaciones constantes, no ha logrado revocar esa condición.

El proceso judicial se acerca a su etapa final, con una posible sentencia en agosto de 2025, si la defensa no sigue alargando el proceso con nuevas recusaciones.

Desde la derecha, este juicio debe verse como el cierre de un capítulo de anarquía institucional y el regreso de los principios republicanos.

Conclusión

El juicio contra Pedro Castillo es mucho más que un proceso judicial: es una muestra clara de que el Estado de Derecho puede sobrevivir incluso a las amenazas del populismo radical. Su intento de golpe fue un acto que quebrantó la Constitución, y ahora enfrenta consecuencias proporcionales. Que el sistema judicial cumpla con su deber envía un mensaje contundente: que ningún líder, por más carismático que sea, puede violar el marco democrático sin pagar el precio.