Mano dura contra criminalidad… ¿a qué costo?

El presidente Daniel Noboa fue reelecto el 13 de abril de 2025 con el 55.8 % de los votos, gracias a una plataforma centrada en la seguridad y el combate frontal a las bandas del narcotráfico, conocida como Plan Fénix.

No obstante, su política de militarización ha traspasado límites institucionales. Desde enero de 2024, con el estado de excepción permanente y una definición de “conflicto armado interno”, los militares patrullan barrios sin control judicial. Esto se ha traducido en al menos 31 denuncias de desapariciones forzadas, centrándose en jóvenes desposeídos, y un récord de violencia: más de 3,000 homicidios solo en el primer trimestre de 2025.

Abuso de poder con respaldo legal cuestionable

Noboa también impulsó la Ley de Solidaridad, que otorga protección legal a militares investigados por delitos cometidos durante operativos de seguridad, aumentando la impunidad.

A esto se suman denuncias ambientales graves e institucionales: su gobierno disolvió el Ministerio de Ambiente y lo fusionó con el de Energía y Minas, autorizando la explotación privada de áreas protegidas, incluido el Yasuni, poniendo en jaque los derechos indígenas —justo antes del COP30.

Más crisis: energía colapsada y populismo corporativo

El país vive cortes de hasta 14 horas diarias debido a una sequía ampliada por la falta de inversiones en infraestructura energética. Noboa reaccionó con medidas temporales como plantas flotantes, pero sin planes de fondo para resolver la debilidad del sistema —una falla de gestión evidente.

Adicionalmente, denuncias como las del caso Olón (talas permisadas de manglares por la empresa de su esposa) y el escandaloso contrato del país con la empresa PROGEN para generadores termoeléctricos obsoletos, muestran un vínculo cuestionable entre su entorno familiar y decisiones estatales.

El gran dilema de la derecha política

Desde la derecha, no basta con votar mano dura: la seguridad solo es legítima si se sostiene sobre legalidad, no caos. El dilema es claro:

• Seguridad necesaria, no caudillismo impune: Noboa trajo resultados parciales, pero la militarización sin control es incompatible con el Estado de derecho.
• Reforma gradual, no revancha ideológica: la transición debe recuperar instituciones más que imponer “orden popular”.
• Equilibrio entre orden y libertad: defender la propiedad, combatir crimen sin sacrificar libertades civiles ni dañar ecosistemas.
• Liderazgo moral y técnico: la política segura no es autoritaria si está sometida a leyes y se compite de verdad con propuestas responsables.

Conclusión

Daniel Noboa encarna al mismo tiempo la respuesta autoritaria al derrumbe institucional y el riesgo de gobernar sin frenos institucionales. La derecha frente a este dilema debe exigir un nuevo pacto republicano: seguridad efectiva + control democrático + transparencia → democracia real. Si algo ha enseñado este ciclo electoral, es que la libertad solo se sostiene si está respaldada por instituciones fuertes. Y solo eso puede ofrecer un Ecuador digno, ordenado y próspero.