¿Elección legítima o farsa calculada?
La elección presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela fue precedida de denuncias masivas de fraude. La oposición afirmó que Edmundo González ganó con contundencia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que Nicolás Maduro triunfó con cerca del 52 %. Cifras que coincidieron con críticos como “una de las más graves trampas electorales de América Latina”.
El Carter Center constató una “falta completa de transparencia”, sin acceso a datos detallados y sin que el proceso cumpliera con estándares democráticos.
Indicadores sistemáticos de fraude estructural
Los organismos internacionales coincidieron en que el proceso estuvo marcado por:
- Rechazo generalizado a la legitimidad por parte de Freedom House: uso abusivo de recursos oficiales, plena cobertura mediática a Maduro y serias irregularidades en los conteos.
- Denuncias contundentes de organizaciones de derechos humanos como FIDH y Provea, que respaldaron resultados opuestos y criticaron la represión electoral.
- Bloqueo de observadores internacionales genuinos, mientras se invitó solo a entes alineados al régimen como «acompañantes».
- Extrema opacidad institucional, con cierre de sitios web, ausencia de publicación de actas y concentración del poder electoral en el CNE.
- Abstención como voto de censura, especialmente en la elección parlamentaria de mayo de 2025, donde el oficialismo reafirmó su dominio en medio de boicot y opacidad.
Reacciones internacionales y la legitimidad en jaque
La juramentación de Maduro en enero de 2025 generó una ola de denuncias globales: G7, Unión Europea, AP, The Guardian y otros calificaron el proceso como ilegítimo.
Mientras tanto, países como Uruguay reconocieron a González como “presidente electo” y exigieron publicación de actas.
Postura desde la derecha política: firmeza democrática
Desde nuestra perspectiva, esto no es cuestión de simpatías, sino de defender el valor republican. Lo que se exige:
- Transparencia total: publicación pública de actas, datos desagregados, auditorías independientes.
- Reforma institucional del CNE: que recupere independencia, pluralidad y rigor técnico.
- Reprografía democrática: repetir elecciones bajo estándares internacionales, si hace falta.
- Protección a líderes democráticos como González o Machado, contra persecuciones legales incumplidas.
- Alivio y sanciones puntuales: que apunten a corruptos, no avejentados intereses.
El régimen solo ejerce poder ilegítimo si continúa sin verificación. Recuperar legitimidad exige terminar con el fraude, y reconstruir república.
Conclusión
El dilema venezolano no es retórico: es la diferencia entre reconocimiento y resistencia. Las evidencias apuntan a un proceso marcado por error, opacidad y manipulación. La derecha política debe defender a los demócratas reprimidos, exigir justicia electoral y reposicionar a la república sobre la usurpación autoritaria. Solo así se abre camino real para la libertad democrática.
